Según Gestión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) planea firmar la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) el 29 de mayo, conforme al cronograma presentado al Congreso. Este documento modifica claves del pacto entre el Estado y Lima Airport Partners (LAP), especialmente en torno a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA). La adenda busca eliminar el cobro directo de la TUUA de conexión nacional, sustituyéndolo por un mecanismo de compensación económica a favor de LAP. Asimismo, establece la posibilidad de contratar con "terceros calificados" para inversiones que excedan el periodo de concesión vigente. Se prevé también la devolución de zonas relacionadas con las estaciones de la Línea 2 del Metro, además de incorporar una cláusula anticorrupción al contrato.
A pesar de estas modificaciones, un punto clave permanece sin resolver: el cobro de la TUUA de transferencia internacional. Este impuesto, que comenzó a aplicarse el 7 de diciembre de 2025, seguirá vigente hasta 2041. La International Air Transport Association (IATA) ha señalado que esta medida afecta directamente la viabilidad de las conexiones aéreas en Lima, ya que no existe una tarifa equivalente en ciudades como Bogotá o Ciudad de Panamá. Las aerolíneas y operadores turísticos argumentan que este costo aumenta significativamente el precio de los trayectos que usan el AIJCH como escala, lo que reduce la atracción de viajeros y deteriora la competitividad del aeropuerto frente a alternativas regionales.
El impacto en el consumidor peruano es notable. Los pasajeros que realizan cambios de ruta en Lima, especialmente entre regiones del interior, deberán enfrentar cargos adicionales que podrían hacer que sus viajes sean más costosos. Además, el hecho de que el impuesto no se revise en el marco de la adenda genera una sensación de inestabilidad en las políticas de transporte. Esto puede afectar tanto a los turistas como a los viajeros de trabajo, quienes dependen de conexiones eficientes y económicas para sus movimientos diarios.
Para el lector peruano, este escenario evidencia una brecha entre las políticas de transporte públicas y las necesidades reales del mercado. Mientras el Estado busca modernizar infraestructuras a través de contratos privados, los usuarios finales enfrentan cargos que no reflejan el valor real del servicio. La ausencia de una revisión del cobro internacional pone en riesgo la competitividad del Jorge Chávez en el contexto regional. Si no se aborda esta incoherencia, el aeropuerto podría perder parte de su relevancia como nodo de conexión estratégica para el transporte aéreo nacional.