Según Wharton Knowledge, el sistema que garantiza la seguridad de los alimentos está enfrentando una serie de debilidades estructurales. Cuando los mecanismos de control que previenen enfermedades transmitidas por alimentos se desmoronan, el riesgo para los consumidores aumenta significativamente. La escasez de personal en las inspecciones, la disminución de auditorías regulares y la desorganización en el monitoreo de enfermedades infecciosas generan brechas que dejan a las familias más expuestas a intoxicaciones alimentarias. Estos fallos no son solo cuestiones técnicas, sino una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas que, en teoría, deben proteger a todos los ciudadanos.
Corinne Low, profesora asociada de economía y política pública en Wharton, señala que la seguridad alimentaria no puede ser asumida como responsabilidad individual. Cada hogar, por sí solo, no posee los recursos ni el alcance para garantizar que lo que consume sea seguro. La ausencia de personal capacitado en las inspecciones, combinada con una reducción en la frecuencia de auditorías, implica que las fuentes de alimentos no son evaluadas con la rigurosidad necesaria. Además, las capacidades de detección de brotes de enfermedades se ven comprometidas, lo que retrasa la respuesta ante situaciones críticas. Esto no solo afecta a los consumidores, sino que también genera una carga inesperada sobre las familias, quienes deben asumir el rol de vigilancia en casa, una tarea que no está diseñada para ser cumplida por padres o personas promedio.
El hecho de que las empresas no se autoregulen de forma efectiva es otro punto clave. Las políticas que dependen únicamente de la voluntad empresarial no ofrecen niveles de protección suficientes. Los casos de contaminación en cadenas de distribución han demostrado que los sistemas internos de control no garantizan la calidad de los alimentos. La falta de mecanismos independientes y transparentes para evaluar estas prácticas pone en riesgo la confianza del consumidor. Esta situación plantea una interrogante más amplia: ¿a quién debe delegarse la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de riesgos en la cadena alimentaria?
Para los peruanos, este escenario tiene implicaciones directas. El país cuenta con una gran diversidad de alimentos, desde productos agrícolas regionales hasta importaciones. Sin embargo, la dependencia de cadenas de suministro que operan bajo regulaciones menos rigurosas puede exponer a las familias a riesgos que no están visibles en el día a día. Los hogares que dependen de alimentos procesados, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos, enfrentan una mayor vulnerabilidad. La necesidad de políticas públicas claras, con supervisión efectiva y acceso a información transparente, es esencial para que cada peruano pueda consumir con confianza. Aunque la seguridad alimentaria parece una cuestión técnica, en realidad es un derecho fundamental que debe estar asegurado por el Estado, no por decisiones privadas o decisiones familiares.