Según Forbes Business, las políticas que buscan limitar el acceso de menores a aplicaciones digitales no logran detener el comportamiento de los jóvenes, quienes ya han encontrado formas de circunventar los límites establecidos. En este contexto, la propuesta del representante John James (R-MI) para imponer controles de edad en las tiendas digitales de Apple y Google, similar a los requisitos de tiendas físicas, ha sido respaldada por figuras como Jonathan Haidt, autor de *The Anxious Generation*. Sin embargo, esta iniciativa se basa en una premisa errónea: que los padres, aliviados por una verificación oficial, dejarán de preocuparse por el uso de sus hijos en dispositivos móviles.
El caso de los medicamentos GLP-1 para pérdida de peso ilumina esta falacia. Aunque el acceso se limita a personas mayores de 18 años, el *Washington Post* reveló que adolescentes menores de esa edad han acudido a internet para falsificar su edad y peso, con el objetivo claro de obtener la receta. Este comportamiento no es un caso aislado, sino una evidencia directa de que los jóvenes no solo desean usar sus smartphones, sino que desarrollan estrategias para hacerlo, independientemente de las barreras legales.
La realidad es que las empresas digitales no han creado un obstáculo, sino que han diseñado mecanismos que permiten a los padres ejercer un control efectivo. Por ejemplo, al intentar instalar una app, los padres reciben notificación previa, lo que les da tiempo para evaluar si el contenido es adecuado. Esta herramienta, aunque no evita que los jóvenes accedan a aplicaciones, les otorga una capacidad de supervisión que muchos padres valoran. En lugar de imponer restricciones rígidas, Apple y Google han desarrollado un sistema que equilibra la libertad del uso digital con la responsabilidad parental.
Para los lectores peruanos, este escenario resalta la importancia de entender que el control no debe provenir únicamente de leyes gubernamentales, sino de mecanismos que se adapten a las realidades de las familias. En un país donde el acceso a dispositivos móviles es cada vez más común entre los jóvenes, una legislación que se limite a verificar edades sin ofrecer herramientas de gestión efectiva, podría generar frustración entre padres y no lograr proteger a los menores. Lo verdaderamente útil no es prohibir el uso de apps, sino facilitar que los padres puedan monitorear y guiar el comportamiento de sus hijos en el entorno digital. Así, la solución no está en imponer barreras, sino en fortalecer los instrumentos que ya existen y que permiten una intervención más inteligente y empática.