Segun Forbes Business, las perturbaciones en el Medio Oriente vuelven a demostrar que la seguridad energética es un pilar clave de la estabilidad económica. Cuando se intensifican tensiones en regiones estratégicas, los consumidores en países como Estados Unidos sienten las consecuencias en sus cuentas de gasolina, facturas de servicios públicos y en la dinámica general de su economía. Así, el precio promedio de un galón de gasolina alcanza los 4,50 dólares, una cifra que, aunque aún inferior a la de otros países, representa un aumento significativo y desagradable para los hogares. El presidente Donald Trump ha indicado que, con el fin de la crisis, los precios deberán regresar a niveles normales. La historia sugiere que esta proyección es plausible. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en un aumento temporal de precios, sino en la necesidad de que Estados Unidos aumente su producción energética. Durante años, el gobierno ha seguido una estrategia de reducción energética: limitar la producción, postergar los permisos para nuevas instalaciones, obstaculizar la infraestructura y afirmar que los procedimientos burocráticos pueden sustituir la disponibilidad real de recursos. Este enfoque no disminuye los precios; al contrario, eleva los costos. No fortalece al país; lo debilita. La administración de Trump ha adoptado una postura opuesta, promoviendo el acceso a los recursos energéticos nacionales, ampliando la producción, construyendo tuberías, validando proyectos de infraestructura y fomentando exportaciones a aliados que necesitan alternativas seguras frente a regímenes hostiles. El gas licuado (LNG) representa un caso emblemático. En solo una década, esta industria ha generado un impacto económico considerable. Alrededor de 40 estados han visto crecer la empleabilidad, con más de 40.000 puestos de trabajo en la costa del Golfo y otras regiones. Las comunidades locales han recibido ingresos fiscales importantes, y el sector ha aportado cerca de 500 mil millones de dólares al PIB nacional. Más allá del crecimiento económico, el LNG ha convertido a Estados Unidos en un actor clave en la seguridad energética global. Durante el conflicto iraní, especialmente cuando las instalaciones de gas licuado en Qatar fueron atacadas, el suministro estadounidense aseguró el flujo energético a aliados extranjeros. Así, la dominancia energética no es un lema; es un activo estratégico. A pesar de ello, se siguen presentando argumentos que afirman que las exportaciones de LNG elevan los precios para los consumidores norteamericanos. Este argumento ha sido refutado por más de una década de datos reales. Los precios energéticos se determinan por múltiples factores: oferta y demanda, condiciones climáticas, limitaciones en la infraestructura y condiciones geopolíticas.
Para los peruanos, este escenario ofrece una lección clave: la dependencia de importaciones energéticas, como el petróleo y el gas, puede comprometer la estabilidad de sus economías. Aunque el Perú cuenta con reservas significativas de hidrocarburos, la infraestructura y la política de explotación aún enfrentan desafíos. La diversificación de fuentes energéticas, el fortalecimiento de la producción local y el desarrollo de políticas que fomenten la inversión en energía sostenible son estrategias que podrían mitigar riesgos similares a los que enfrenta Estados Unidos. En un contexto donde la geopolítica energética influye en el mercado global, el país debe considerar cómo potenciar su autonomía energética para proteger sus economías ante shocks externos.